Venezuela: estudiantes contra Chávez por los presupuestos

Sectores universitarios, respaldados por partidos opositores y la prensa, marcharon en Caracas en rechazo al recorte presupuestario fiscal global decidido por el presidente venezolano, Hugo Chávez. La rectora de la UCV, Cecilia García denunció que una veintena de encapuchados identificados con el Gobierno disparó anoche armas de fuego y lanzó bombas lacrimógenas frente a su despacho.

La marcha desde la Universidad Central (UCV), que alberga a unos 60.000 estudiantes, hasta el Ministerio de Educación Superior congregó a varias miles de personas, entre universitarios, profesores y trabajadores. El recorrido desde el este al centro de la cuidad estuvo vigilado por 1.200 agentes policiales, sin que se reportaran incidentes.

Previamente, sin embargo, se escucharon disparos al aire de armas de fuego, luego de que un grupo de encapuchados quemara anoche y luego en la madrugada algunos vehículos en las inmediaciones y en el interior de la UCV, sin provocar heridos ni detenidos.

Universitarios afines a Chávez atribuyeron los hechos a los opositores y estos a los primeros, lo que no repercutió en la marcha, también secundada por estudiantes y profesores de otras universidades caraqueñas y del interior del país, así como por algunos activistas de partidos políticos y dirigentes de gremios de prensa identificados con la oposición al Gobierno.

La rectora de la UCV, Cecilia García denunció que una veintena de encapuchados identificados con el Gobierno disparó anoche armas de fuego y lanzó bombas lacrimógenas frente a su despacho.

La reducción del presupuesto de las universidades se ha aplicado a toda la administración pública en la misma proporción, como fue anunciado por Chávez el pasado 21 de marzo, recordó.
El gobernante corrigió ese día el presupuesto fiscal y lo bajó de 77.900 a 72.738 millones de dólares, debido a una rebaja de 60 a 40 dólares en la previsión del precio de venta del barril de petróleo de exportación, la principal actividad de la economía nacional.

La reducción en torno a los 5.000 millones de dólares no afectará a ningún plan social gubernamental y se logrará, entre otras cosas, subrayó Chávez, con “una estricta ejecución del gasto” público.

La anterior marcha opositora por Caracas tuvo lugar el 1 de mayo y terminó abruptamente, cuando la policía impidió con gases y agua que activistas de partidos políticos opositores cambiaran el recorrido que fue acatado por los sindicalistas opositores.

Fuente: INFOLATAM

Bolivia: comenzó el juicio contra Sánchez de Lozada

El juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2003-2005) por los sucesos ocurridos en octubre de 2003, que se saldaron con la muerte de 68 personas y más de 400 heridos, dio comienzo ayer en Sucre, con la ausencia de Sánchez de Lozada. La Corte Suprema ordenó la captura de seis ex ministros que se encuentran en Estados Unidos, Perú y España.

Los familiares de las víctimas piden una pena máxima de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros. El Ministerio Público, ha imputado a las 17 ex autoridades por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas de la Nación en los conflictos de octubre de 2003. Es la Corte Suprema de Justicia la que enjuiciará a los acusados.

A la Audiencia acudieron los ex-ministros del gobierno de Sánchez de Lozada: Erick Reyes Villa (medioambiente), Adalberto Kuajara (Trabajo) y Dante Napoleón Pino (servicios financieros). Además, por primera vez en la historia de Bolivia se procesará a cinco ex miembros del Alto Mando Militar: Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado que dirigieron la represión.

Tras iniciarse el juicio, Ángel Irusta, presidente del tribunal formado en la Suprema para juzgar este caso, declaró en rebeldía y ordenó capturar a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Mirtha Quevedo (Participación Popular) y Javier Torres Goitia (Salud), a los que Perú ha concedido asilo recientemente.

También se emitirán órdenes de detención contra el ex ministro de Agricultura Guido Áñez Moscoso, quien reside en Estados Unidos, y el ex ministro de Educación Hugo Carvajal, el cual, según información preliminar de la Fiscalía, se encuentra en España gestionando un pedido de asilo.

Se dispuso además la captura del ex ministro de Gobierno (Interior) Yerko Kukoc, cuyo paradero se desconoce.

El magistrado determinó además la hipoteca de los bienes de los ex ministros y la publicación de sus datos en medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión.

Contra la mayoría de ellos, incluido el ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), pesa la denuncia de “genocidio” en su variante de “masacre sangrienta”.

El juicio ha venido precedido de una crisis diplomática entre Bolivia y Perú debido a que el gobierno de Alan García ha acogido a Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas. Sánchez de Lozada y sus ministros consideran que no hay seguridad jurídica en Bolivia pues el gobierno de Evo Morales está interesado en su condena.

Sectores vinculados al MAS seguirán de cerca el juicio. Representantes dela Central Obrera Regional de El Alto y de la Federación de Juntas Vecinales de esa ciudad, han enviado representantes hasta Sucre para que le hagan seguimiento al proceso. El fiscal Milton Mendoza presentará 2.500 testigos y 4.000 documentos.

Tras el anuncio de las órdenes de captura, el juicio por el caso del “octubre negro” quedó suspendido porque uno de los ex ministros que están fuera de Bolivia, Yerko Kukoc, presentó a través de sus abogados una recusación contra todos los magistrados del tribunal. Esta circunstancia frenará la audiencia hasta que haya un pronunciamiento sobre esa recusación.

Fuente: INFOLATAM

Venezuela: universitarios piden que la marcha contra Chávez no se politice

Dirigentes universitarios que convocaron a una marcha por Caracas el próximo miércoles en rechazo al Gobierno del presidente Hugo Chávez pidieron a los partidos políticos “antichavistas” que no se conviertan en los protagonistas de ella.

“A esta convocatoria se han sumado organizaciones de la más variada naturaleza, pero ratificamos que es una convocatoria universitaria (…); hemos dicho con suma claridad que esperamos que no la conviertan en una movilización de partidos”, declaró el dirigente de los profesores Víctor Márquez.

La marcha, bajo la consigna “La academia se moviliza en defensa de sus derechos”, repudiará “el desconocimiento sistemático por parte del Gobierno al estado de derecho”. Al respecto, Márquez señaló: “No tenemos problemas que organizaciones políticas participen”, pero sin perder de vista que se tratará de una actividad universitaria.

“Razones para marchar tenemos muchísimas”, entre ellas que el Gobierno “gaste más en armamento que en educación universitaria” y por ello “vamos a llegar al Ministerio de Educación Superior”, en el centro de la ciudad, remarcó a su vez el dirigente estudiantil Ricardo Sanchéz.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios añadió que desde la semana pasada esperan que el Ministerio del Interior los convoque “para coordinar la logística” de la actividad y principalmente la autorización oficial a la ruta de la marcha que han propuesto, lo que aún no ha sucedido. La última marcha opositora por Caracas se efectuó el pasado 1 de mayo y terminó abruptamente cuando la policía impidió con gases y vehículos lanza agua que activistas de partidos políticos pretendieran cambiar el recorrido permitido.

Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la principal organización sindical de la oposición a Chávez, recordó entonces que la marcha fue convocada por su instancia y no por los partidos políticos. “Nosotros vamos a llegar hasta el punto referente (autorizado); aceptamos que toda la sociedad civil, así como los partidos políticos (…), puedan participar, pero nosotros decidimos hasta dónde vamos”, afirmó poco antes de los incidentes, que Chávez tildó de “arremetida violenta y salvaje contra las fuerzas del orden”.

El alcalde mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, quien ese día anticipó que intentaría “negociar” con la Fuerza Pública para que se permitiera que la marcha por el 1 de mayo rematara su recorrido en un sitio diferente al autorizado, pidió respaldar masivamente a los universitarios.

“Invito a la gran marcha cívica en respaldo a los universitarios (…), en momentos en que peligra el derecho a la propiedad, el sistema educativo libre y democrático, la descentralización y la libertad de expresión”, declaró Ledezma.

Fuente: INFOLATAM