Venezuela: Chávez estima que controlará casi la mitad de las acciones de Globovisión

21 julio 2010

De esta manera, remarcó, “nadie podrá decir” que su Gobierno está expropiando” a la emisora, una de las más críticas de su gestión. “No, no, no. No estamos expropiando, nos estaremos incorporando al negocio”, subrayó en una alocución televisada.

El presidente venezolano anticipó que su estimación provocará “piquiña” (picazón) en la oposición a su gestión, “pero es la ley”, remarcó. Chávez aludió así al 28,5% de las acciones de Globovisión en poder de empresas del empresario y banquero Nelson Mezerhane, el dueño del intervenido Banco Federal a quien llama “ladrón”, y a “un señor de apellido Tenorio que lamentablemente falleció” y que controlaba otro 20% de la emisora privada.

Según la ley, añadió Chávez sobre este último caso, las empresas creadas para administrar la concesión de ondas electromagnéticas operan algo que “es propiedad del Estado”, el que en este caso “recuperará esa concesión y ya verá a quién se la otorga”. Ya con el 28,5% de las acciones de Globovisión la Junta Interventora del Banco Federal “está obligada a designar un representante en la junta directiva de Globovisión”, aseguró.

“No me toca a mi nombrarlo, pero puedo recomendar” nombres y nombró a los comunicadores chavistas Mario Silva y Alberto Noria, conductores de los programas “La Hojilla” y “Los papeles de mandinga” de la emisora VTV de la red estatal de televisión, respectivamente. “Oímos nombres” para decir quién irá en representación del Estado a la junta directiva de Globovisión, “a defender los intereses de los accionistas”, subrayó.

El pasado 14 de junio, día de la intervención del Banco Federal por la estatal Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban), que alegó problemas de liquidez, Mezerhane declaró a Globovisión que se encontraba en la ciudad estadounidense de Miami, y poco después se dictó orden de captura internacional en su contra.

Hace cuatro días, Chávez pidió a su colega de Estados Unidos, Barack Obama, que lo extradite porque “es un ladrón que “huyó con siete mil millones de bolívares (unos 1.600 millones de dólares), que es el total aproximado de los ahorros” de los clientes del banco, sostuvo.

Los depósitos de los 600.000 clientes del banco están siendo devueltos por bancos estatales con dinero público que Chávez ha advertido que será repuesto con bienes de Merzerhane. Chávez ha dicho que Mezerhane tiene no menos de 300 empresas, incluida Globovisión, con las cuales “el Estado debe resarcirse” del costo de cumplir con los clientes del Banco Federal.

Tras pedir una ley que prohíba que empresarios puedan ser dueños de medios de comunicación, el gobernante dijo al inicio de mes que esperaría “un tiempito” antes de decidir el futuro de Globovisión, porque sus dueños “andan huyendo de la justicia” y se deben resarcir los recursos estatales.

Otro de los dueños de Globovisión, Guillermo Zuloaga, también ha sido declarado prófugo de la justicia y asimismo se encuentra en Estados Unidos, imputado por hechos vinculados a una empresa de vehículos en sociedad con un hijo suyo del mismo nombre.
La Fiscalía ha acusado al empresario televisivo y automovilístico y a su hijo de “usura genérica” y “agavillamiento” (asociación para delinquir) por acaparar vehículos para venderlos luego a precios superiores.

Tanto Zuloaga como Mezerhane atribuyen su suerte a un “pase de factura” político debido a la línea editorial antigubernamental de la cadena de noticias 24 horas, lo que es negado por el Gobierno.

Fuente: INFOLATAM


Gobierno designará miembro en la directiva de Globovisión

21 julio 2010

La designación de un representante de la junta interventora del Banco Federal ante la junta directiva de Globovisión, anunció ayer el presidente de la República Hugo Chávez.

«(Nelson) Mezerhane tiene una empresa que está intervenida, que tiene 20% de acciones de Globovisión y otra empresa que tiene 5,8, sumando las dos, eso da 25,8 bueno, ven a mí que tengo flor», dijo el jefe de Estado en el Teatro Teresa Carreño, durante un acto de graduación de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Añadió que «en los próximos días la junta interventora del Banco Federal está obligada, a designar un representante en la junta directiva de Globovisión, porque ahora tenemos nosotros 25,8 de las acciones y eso da derecho al que lo tenga a nombrar un representante en la junta directiva», argumentó.

Advirtió que además, existe 20 por ciento del paquete accionario de la planta televisiva que el Estado pretende recuperar. «Hay otro 20% que está en el aire (..) porque al momento en que se les dio la concesión, ese señor -en referencia a Luis Teófilo Núñez- recibió un 20% y lamentablemente falleció y según la ley, esas concesiones no son hereditarias», indicó.

«Sumen: 28,5 más 20 son 48,5, compadre, 48,5% de Globovisión», acotó el mandatario.

Los candidatos

Mario Silva o Alberto Nolia pronto podrían usar las gorras con la G que identifica a Globovisión, ya que según el presidente Chávez, los dos presentadores de Venezolana de Televisión son los candidatos a ser representantes de la junta interventora del Banco Federal en la planta televisiva.

«Yo estoy pensando en quién», dijo Chávez, para luego asomar el nombre de Silva -conductor de La Hojilla- como «primer candidato, ese es un candidato, oímos nombres que vayan ahí a defender los intereses del accionista. Capitalismo purito papá, eso es capitalismo». También mencionó a Nolia, conductor del programa Los Papeles de Mandinga.

El Presidente además exigió ayer la revisión de la concesión del canal Vale TV (Valores Educativos Televisión), que está en manos del Arzobispado de Caracas.

«Revisemos (la concesión de Vale TV), Tarek (El Aissami), para recuperar ese canal y ponerlo a las órdenes del pueblo», dijo Chávez.

Aseguró que el entonces presidente de la República, Rafael Caldera, «entregó» el canal 5 a «la jerarquía eclesiástica» en 1998, «violando un conjunto de procedimientos».

Las declaraciones del mandatario se produjeron en un acto de graduación de mil 474 nuevos oficiales de la PNB.

Exigencia internacional

A través de un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado venezolano a que a «más tardar el 23 de julio de 2010» entregue un informe que contenga información concreta y detallada acerca de las medidas de protección otorgadas al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y su hijo Guillermo Zuloaga Siso. El último informe fue el 25 de agosto de 2009.

Fuente: eluniversal.com


La expropiación de Bolívar

21 julio 2010

Bolívar ha sido utilizado prácticamente por todos nuestros autócratas y dictadores, por todos los grandes ladrones del tesoro público, como el gran legitimador de su poder, de sus tropelías y de sus latrocinios.

Páez fue el primero, cuando con gran pompa ordenó traer los restos del Libertador desde Colombia.

Le siguió Guzmán Blanco, quien transformó en culto semirreligioso la adoración a Bolívar. Cipriano Castro se presentó como su reencarnación y Juan Vicente Gómez fue no sólo bolivariano sino bolivarero, porque le encantaba la moneda que lleva el nombre del gran caraqueño. López Contreras creó el primer partido bolivariano, las llamadas Cívicas Bolivarianas, y Pérez Jiménez inventó una festividad particular, la Semana de la Patria, para exaltar a través de Bolívar su propia y rechoncha humanidad dictatorial. Atila, pues, no ha inventado nada. Es simplemente un eslabón más de una cadena de vivos que han pretendido mimeti- zarse tras el nombre de El Libertador para esconder sus flaquezas, pero también para diluir las miserias del presente en la memoria de una epopeya que habría sido la mejor hora vivida por nuestros pueblos y de la cual los prevaricadores que juran en vano el nombre de Bolívar pretenderían ser algo así como sus continuadores, cuando no, “modestamente”, su reencarnación. El culto a Bolívar se apoya en la fe sencilla de los venezolanos, quienes mantienen con el gran hombre una relación amable y cordial, casi familiar.

Comparte un lugar en esos altares de la religiosidad popular donde se encuentran lado a lado María Lionza, el Negro Felipe, Guaicaipuro, la Virgen María y, por supuesto, Bolívar. Sobre esa fe se monta el tinglado del oportunismo y el aprovechamiento político de la vida y hazañas de El Libertador. Pero nadie como Atila ha llevado a extremos tan delirantes la manipulación del nombre de Bolívar. Lo ha hecho a lo largo de estos once años con enorme impudicia, utilizándolo como un nada desdeñable instrumento de su poder.

Su mensaje es de una pasmosa simpleza.

Toda nuestra historia, a partir de la muerte de Bolívar, no habría sido sino una larga noche de casi dos siglos, en la cual todas las traiciones y desgracias se acumularon sobre la República hasta que llegó Él, “brizna de paja en el huracán de la revolución”, para redimirnos y llevarnos al reencuentro con la Edad de Oro de la gesta libertadora. El revival chavista del culto ha creado su propia réplica de la Santísima Trinidad. Tres divinas personas: Bolívar, Chávez y Pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Sin embargo, nada supera hasta ahora el aquelarre de la otra noche. La apertura del sarcófago del Libertador, con aquellos exhumadores disfrazados de médicos, con los mensajes de Atila, en éxtasis, jurando que a través de sus cuencas vacías los ojos del Libertador lo habían mirado, toda aquella escenografía de pacotilla y la falsa solemnidad que se quiso imprimir al acto, batieron todos los récords de ridículo y cursilería que este régimen había implantado hasta ahora. El espectáculo no producía sino pena ajena.

Teodoro Petkoff

Fuente: INFOLATAM

La exhumación es estrategia política, dice revista Time

Ante la crisis de la economía petrolera venezolana y el hecho de que el partido socialista del presidente Hugo Chávez enfrenta una fuerte competencia en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre, sus críticos sugieren que «revivir la idea de que Simón Bolívar pudo haber sido asesinado en Colombia podría ser una estrategia del presidente venezolano para aglutinar a sus partidarios», indica la revista Time en un artículo firmado por Tim Padgett, en la edición del 17 de julio.

«Simón Bolívar fue el héroe más célebre de la independencia suramericana, pero falleció desdichadamente en Colombia, separado del poder, mientras las masas que lo habían adorado lo tildaban de tirano», señala Time. Esto permite explicar el porqué, aunque siempre se dijo que Bolívar había muerto de tuberculosis, «varias teorías sobre conspiraciones rodean su deceso».

Según la nota, el mandatario «nunca ha podido aceptar la idea de que Bolívar haya muerto de causas naturales».

En una conferencia realizada el año pasado en la Universidad de Maryland, un médico estadounidense sugirió que Bolívar murió por envenenamiento con arsénico. Desde entonces, Chávez comenzó los trámites para exhumar los restos del Libertador con el fin de demostrar la hipótesis. «Durante años he tenido la convicción en mi corazón de que Bolívar no murió de tuberculosis. Creo que lo asesinaron», declaró Chávez.

Tras la exhumación de los restos de Bolívar, el pasado 16 de julio, expertos forenses venezolanos realizarán pruebas de ADN, rayos-X y otros análisis para determinar si la teoría del envenenamiento es cierta. «El problema es que les resultará muy difícil demostrar que Bolívar fue asesinado o que murió como consecuencia de algo más que la ignorancia médica del siglo XIX», indica.

Sin embargo, los partidarios de Chávez señalan que el Presidente tiene razón al buscar una explicación para la muerte del héroe venezolano.

Según Time, «los chavistas tienen un punto a su favor si tomamos en cuenta el tiempo y la meticulosidad con la que expertos estadounidenses han estudiado la muerte de algunos de sus héroes, como Abraham Lincoln». No obstante, así como los estadounidenses han aceptado verdades incómodas sobre Lincoln, como el hecho de que emancipó a regañadientes a los esclavos, «los chavistas harían bien en aprovechar la exhumación de los restos de Bolívar como una oportunidad para reflexionar sobre la compleja personalidad del Libertador y en especial el hecho de que terminara traicionando los ideales democráticos que había promovido originalmente», sostiene Time.

Fuente: eluniversal.com



TSJ pone límites al acceso a la información pública

16 julio 2010

¿Por dónde pasarán las futuras líneas ferroviarias que proyecta construir el Ministerio de Transporte? ¿Cuántos millones de bolívares destina al Gobierno a la lucha contra el cambio climático? ¿Cuántos jueces penales hay en el país? Los ciudadanos que deseen conocer las respuestas a estas y otras preguntas deberán acudir a los organismos públicos respectivos y manifestarles «expresamente las razones o propósitos por los cuales requieren esa información» y además deberán demostrar que «la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar» a la misma.

Así lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia número 745, en la cual rechazó el recurso de amparo que Espacio Público interpuso contra la Contraloría General de la República por negarse a suministrarle las remuneraciones del contralor Clodosbaldo Russián; y del resto de los funcionarios que laboran en el despacho encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.

En el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se afirma que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto, como sí lo es el derecho a la vida.

En el dictamen también se estableció que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes no tienen por qué publicarse, pues «forman parte de su intimidad».

La Sala indicó que los accionantes no demostraron cómo el saber cuánto ganan las autoridades y los empleados del Estado y cuáles son sus bienes «sería de utilidad para la participación ciudadana en pro de la transparencia de la gestión pública».

El pronunciamiento del máximo juzgado tiene carácter vinculante; es decir que todos los tribunales del país deben guiarse por él hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley.

Exigen anular al Cesna
Horas antes de que se difundiera el contenido de este fallo, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y de Espacio Público demandaron ante el TSJ la nulidad del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna).

Las tres organizaciones consignaron ante la Sala Político Administrativa un recurso de nulidad contra el decreto presidencial número 7.454, por considerar que viola los ar- tículos 57, 58, 143, 325 y 339 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Fuente: eluniversal.com


Venezuela: La oposición dice que las advertencias a Globovisión amenazan la libertad de expresión

5 julio 2010

La oposición venezolana rechazó hoy las nuevas advertencias del presidente Hugo Chávez a la cadena privada Globovisión y consideró que constituyen una «amenaza a la libertad de expresión e información» en el país.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agrupa a buena parte de la oposición venezolana, indicó en un comunicado suscrito por su secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo, que los dichos de Chávez contra la cadena de noticias, muy crítica de su Gobierno, constituyen además un «abuso de poder».

«Vamos a ver quién aguanta más: si la locura de Globovisión o el pueblo», dijo Chávez ayer tras afirmar que la directiva de esa cadena está «tratando de desestabilizar al país» por órdenes de dos de sus accionistas, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, ambos prófugos de la Justicia venezolana, que los acusa en dos casos que no involucran al canal de noticias.

«Cuando el presidente de la República abusando de su poder para convocar cadenas -o transmisiones oficiales de obligatorio seguimiento por todas las cadenas de radio y televisión- amenaza a Globovisión, en realidad amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los venezolanos», indicó la nota de la MUD.

La plataforma opositora resaltó que el gobernante venezolano «no acusa al canal de noticias de haber violado ninguna ley», sino que «lo amenaza por las informaciones que allí se dan o las opiniones que por su señal se expresan».

La MUD manifestó que «no tiene dudas» de que el «ideal» en materia de comunicación de Chávez es tener medios como, dijo la liga opositora, los estatales, donde «hable el Gobierno, no el pueblo» y donde hay»propaganda oficial» en lugar de «información».

«Hay que hacer respetar la Constitución, empezando por el presidente de la República, que tiene derecho a sus opiniones, a sus gustos y a sus preferencias, pero no tiene ningún derecho a imponérnoslos a todos», concluyó el comunicado opositor.

Zuloaga, presidente de Globovisión, es acusado junto a su hijo de «usura» en un caso de presunto acaparamiento de vehículos nuevos, mientras que Mezerhane, accionista de la cadena, es investigado por delitos financieros que abría cometido en su Banco Federal, intervenido en junio pasado por presunta falta de fondos.

Ambos empresarios han denunciado que los casos en su contra obedece a razones «políticas» y son un castigo por la posición crítica de Globovisión, lo que el mandatario ha negado.
Chávez dijo ayer, en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, que esperará «un tiempito» antes de decidir el futuro de Globovisión, porque sus dueños «andan huyendo de la Justicia» y quienes ahora están al frente de esa emisora privada de noticias 24 horas «pretenden incendiar al país».

El mandatario venezolano ha acusado a la cadena de noticias de «terrorismo mediático» y ha amenazado repetidamente con cerrarla por ello. Globovisión afronta al menos seis investigaciones administrativas por parte del ente regulador nacional de las telecomunicaciones, además de multas millonarias por parte de oficina de impuestos del país.

Fuente: INFOLATAM


Ministerio Público solicitó la extradición de Zuloaga

30 junio 2010

El Ministerio Público cree tener «suficientes elementos» para sentar en el banquillo de los acusados al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por el caso del supuesto acaparamiento de vehículos, y por tal motivo lo acusó y solicitó su extradición, pues sospecha que está fuera del país.

La información la suministró ayer el fiscal José Gregorio Morales, quien en rueda de prensa celebrada en la sede de la instancia garante de la legalidad precisó que llevó ante el Tribunal 13 de Control de Caracas un escrito donde señala al empresario y su hijo Guillermo Zuloaga Siso por la presunta comisión de los delitos de usura genérica agravada y agavillamiento.

El juzgado deberá remitir la petición de extradición a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que ésta decida su procedencia.

Interrogado sobre los motivos por los cuales pidió la aprehensión preventiva de Zuloaga, si a él ya se le había levantado la medida de prohibición de salida del país que se le impuso nada más comenzar esta investigación y si siempre atendió todas las citaciones que le hicieron, Morales se limitó a decir: «El Ministerio Público consideró que se cumplían los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y que esta persona podía obstaculizar la investigación».

En comunicado de prensa, la instancia garante de la legalidad informó que la acusación contra el empresario consta de nueve piezas, nueve anexos y 40 elementos de convicción.

La Fiscalía también acusó por los mismos delitos a Martha Roca y Enrique Kshenoske, accionista de los concesionarios Toyo Club de Valencia y propietario de Pakla, respectivamente.

Este proceso se inició en mayo de 2009, cuando en un allanamiento a una residencia de Zuloaga, ubicada en la capitalina urbanización Los Chorros, se hallaron 24 vehículos, supuestamente acaparados.

Defensa denuncia vicios
Nada más terminar la comparecencia ante la prensa del fiscal Morales, la abogada Perla Jaimes, representante del presidente de Globovisión, ofreció también unas declaraciones a los medios de comunicación en las que denunció que en el Tribunal 13 de Control les negaron la posibilidad de revisar el escrito de acusación, por lo que desconoce las razones que llevaron al Ministerio Público a solicitar el enjuiciamiento de sus clientes.

Asimismo, la profesional del Derecho consideró injustificada la orden de captura contra Zuloaga, pues «él siempre compareció». También justificó la decisión de su representado de no ponerse a Derecho, debido a que «sin conocerse el acto conclusivo ni la audiencia preliminar ya tenían como centro de reclusión La Planta».

Consultada sobre el paradero de su cliente, Jaimes se limitó a decir que lo desconocía, pero cuando se le preguntó si se encontraba fuera del país en tono tajante dijo: «Una cosa es que no se haya presentado ante la justicia o a los tribunales y otra cosa es que se haya ido del país».

Por último, la abogada afirmó que el presidente de Globovisión está dispuesto a encarar el proceso en su contra, siempre y cuando éste sea justo.

Fuente: eluniversal.com


La censura indirecta

25 junio 2010

Hay motivos por los que deberíamos estar más preocupados que de costumbre por el futuro de la libertad de prensa en las Américas: varios presidentes autoritarios han sufrido fuertes caídas en sus niveles de popularidad, y están procediendo a silenciar a los medios independientes en un esfuerzo por no perder las próximas elecciones.

Eso está ocurriendo en varios países, pero en ninguna parte de manera tan clara como en Venezuela. Allí, el presidente narcisista-leninista Hugo Chávez está enfrentando un creciente descontento público por la inflación, los cortes de luz, la escasez de alimentos y la masiva corrupción gubernamental. Según una encuesta reciente de Keller y Asociados, el 70 por ciento de los venezolanos piensan que su país va por mal camino.

No resulta sorprendente que, a medida que se acercan las elecciones legislativas del 26 de Septiembre, Chávez haya redoblado sus esfuerzos por acallar a Globovisión, la última emisora televisiva abiertamente critica del gobierno, tras el cierre de la señal de cable de la cadena RCTV en enero.

Las elecciones podrían resultar en un bloque opositor de peso en el Congreso, que podría iniciar investigaciones sobre la corrupción oficial, y terminar con el poder absoluto de Chávez sobre todas las ramas del gobierno desde que la oposición boicoteó las elecciones legislativas del 2005.

A principios de este mes, Chávez criticó públicamente al sistema judicial venezolano por no haber detenido a Guillermo Zuloaga, el presidente de Globovisión y uno de sus accionistas, por una investigación gubernamental a su negocio de venta de automóviles Toyota. Días después de la crítica de Chavez, se emitió una orden de arresto de Zuloaga por el caso de los Toyota.

Simultáneamente, Chávez reclamó que se intensificaran las acciones legales contra Nelson Mezerhane, uno de los principales accionistas de Globovisión, cuyo Banco Federal fue intervenido el 14 de junio por el gobierno. Refiriéndose a Zuloaga y Mezerhane, Chávez insinuó el 17 de junio que el gobierno podía apoderarse de «todas las empresas que tiene esta gente».

Los abogados de Zuloaga en Venezuela me dijeron que los cargos de acaparamiento con fines de usura de los 24 Toyota contra Zuloaga son ridículos, porque los vehículos habían sido vendidos previamente y estaban allí esperando ser entregados.

Además, mientras el gobierno acumula acusaciones contra Zuloaga y Mezerhane, no está investigando a cientos de funcionarios y empresarios chavistas involucrados en casos de corrupción pública, incluyendo el muy publicitado incidente del 2007 en el que una delegación venezolana intentó entrar a la Argentina con una valija llena de dinero en efectivo.

Poco antes de sus acciones más recientes destinadas a silenciar a Globovisión y RCTV, Chavez le había quitado sus licencias a 32 emisoras radiales citando presuntas irregularidades técnicas en sus registros, y había amenazado con cancelar las concesiones de otras 200.

Pero Venezuela no es el único país que recurre a la censura indirecta para acallar a los críticos.

Dejando de lado a Cuba, donde la dictadura prohíbe a todos los medios críticos, varios gobiernos de la región están intensificando la intimidación contra los medios críticos por medio de acciones administrativas, presiones económicas, una retórica violenta o el espionaje ilegal, según afirman grupos de defensa de la libertad de prensa.

Los presidentes de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina periódicamente demonizan a los periodistas críticos, y con frecuencia usan recursos estatales –incluyendo publicidad del gobierno y amenazas tácitas de negar los licencias televisivas o radiales — para controlar a los medios, señalan.

Un estudio publicado en el 2009 por la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina señala que el gobierno de ese país estaba gastando unos 115 millones de dólares anuales en publicidad oficial – un 750 por ciento más que cinco años antes –beneficiando a sus amigos, y castigando a sus críticos.

Otros estudios señalan que la agencia nacional de inteligencia de Colombia, el DAS, espió ilegalmente a numerosos periodistas, logrando que sus fuentes confidenciales dejen de hablar con ellos.

Catalina Botero, la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, me dijo que hay en la región «una creciente tendencia al abuso de los poderes estatales para silenciar las voces disidentes».

Y agregó: «La época de las comisiones oficiales de censura en Latinoamérica ya pasó a la historia. Hoy se privilegia la censura indirecta, que es mucho más difícil de detectar y denunciar».

Mi opinión: Ya es hora de que la OEA y los grupos no gubernamentales amplíen su definición de la censura, y vayan más allá de las necesarias investigaciones sobre asesinatos y acciones legales contra los periodistas.

También deberían denunciar las nuevas formas de censura más sutil, porque –por más raro que parezca– los aspirantes a presidentes vitalicios de la región están silenciando a los medios por vías indirectas mientras aducen seguir defendiendo la libertad de prensa.

Andrés Oppenheimer

Fuente: elnuevoherald.com



El Gobierno salió a defender el «juicio ético» a periodistas que hará Bonafini

30 abril 2010

Luego de los afiches anónimos contra periodistas del grupo Clarín y en medio de la escalada de agresiones contra la prensa, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a defender el «juicio ético y político» que realizarán esta tarde las Madres de Plaza de Mayo contra periodistas a los que acusan de haber sido «cómplices» de la dictadura militar.

«De juicio no tiene nada, es un acto político; en este país cada uno ha hecho actos políticos de lo que se le ocurrió», dijo esta mañana el jefe de Gabinete para relativizar el alcance del acto.

«Se han hecho actos políticos fustigando a una persona, negando la posibilidad de hacer tal cosa o apoyando la posibilidad de hacer tal cosa. Es un acto político. ¿De qué juicio estamos hablando?», se preguntó Fernández ante el periodista Nelson Castro.

Ayer el Senado, por unanimidad, repudió los ataques contra periodistas, aunque hubo desacuerdos en las opiniones sobre el acto que encabezará esta tarde Hebe de Bonafini: la mayor parte del bloque K lo respaldó o minimizó, mientras que varios opositores lo repudiaron e incluso los senadores oficialistas Adriana Bortolozzi y Guillermo Jenefes tomaron una clara distancia del resto de la bancada kirchnerista.

Antes del repudio en el recinto, la Comisión de Libertad de Expresión había escuchado a un grupo de periodistas a los que había convocado por los reiterados y crecientes agravios a la prensa, que en las últimas semanas incluyeron afiches anónimos contra periodistas del Grupo Clarín, una agresión a Fernando Bravo y la irrupción de una patota supuestamente vinculada al oficialismo en la Feria del Libro.

Esta mañana Bonafini explicó el sentido del acto: «Queremos resaltar con este juicio el buen trabajo de los reales periodistas, porque sino todo es igual y todo es la misma mierda». La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo acusó a los periodistas que serán «enjuiciados» (Magdalena Ruiz Guiñazú, Bernardo Neustadt, Samuel Gelblung, Mariano Grondona, Mauro Viale, Julio Lagos y Joaquín Morales Solá) de ser «cómplices de la dictadura, que cobraron y respondieron al Grupo Clarín». «Tenemos todas las pruebas, está lo que dijo cada uno y que cada uno se haga cargo», amenazó.

Fuente: clarin.com



Empezó la guerra sucia

19 abril 2010

Hugo Chávez está angustiado. Las encuestas y el desbarajuste nacional le quitan el sueño. Verle el rostro en sus intervenciones públicas es todo un espectáculo. La razón es una sola: las reuniones en la Sala Situacional de Miraflores se transforman siempre en discusiones interminables y terminan en rabietas subidas de tono. No es para menos. Las informaciones que recibe tienen que deprimirlo totalmente. No hay una sola noticia positiva. Todas le confirman el fortalecimiento de la oposición. Últimamente, y de allí su desespero, los estudios de opinión detectan que un número creciente de venezolanos empiezan a ver en la oposición condiciones para establecer un gobierno de unidad que le ponga punto final al desastre nacional. Esta dura realidad lo tiene desesperado. Ante esta amarga situación, les ha exigido un plan de acción, dentro del marco de una estrategia bien definida, que le permita al oficialismo reaccionar ante un conjunto de hechos que parecen ya irreversibles. De allí la guerra sucia.

Sus asesores son muy competentes. Tienen la experiencia de haber logrado establecer la dictadura castrista. Lamentablemente, para los dos tiranuelos la situación es muy diferente. No es lo mismo Cuba, después de la caída de Batista, a nuestra Venezuela democrática y petrolera. Esta realidad los tiene confundidos. De todas maneras han presentado un importante plan para enfrentar a la oposición en todos los terrenos. La mejor demostración, de que es cierto lo que digo, son las últimas acciones del gobierno. El plan tiene dos objetivos fundamentales: destruir la unidad de la oposición, saboteando y desprestigiando a la Mesa Democrática; y atemorizar de mil maneras a los venezolanos, con el fin de impedir que puedan organizarse acciones de calle que manifiesten el creciente descontento nacional. Detenerse a analizar algunas de las acciones que ya han empezado a ejecutarse para alcanzar los dos objetivos estratégicos del plan de acción gubernamental es de suma importancia. Veamos.

Un reciente editorial del diario Vea muestra el inicio de la campaña: «La llamada Mesa de la Unidad, montada por la contrarrevolución para infiltrarse en la Asamblea Nacional, resultó un cuero seco, como diría Antonio Guzmán Blanco, porque se levanta por cualquier lado. No solamente se trata de divergencias en la selección de candidatos. Más allá de lo circunstancial, la contrarrevolución es un mar de contradicciones políticas e ideológicas»… En su estrategia, atacan a María Corina Machado, buscan que la sociedad civil se enfrente a los partidos y que algunos quinta columnas demanden, en la Corte Suprema de Justicia, la nulidad de la decisión de cancelar por los candidatos las elecciones primarias. El problema sigue igual: el prestigio de la Mesa Democrática se consolida cada día más. La ecuanimidad de Omar Barboza y de Ramón Guillermo Aveledo es suficiente garantía para todos. La mejor demostración de esta gran verdad la verán los venezolanos al observar la lista de candidatos para la Asamblea Nacional.

Las amenazas para atemorizar a los venezolanos las estamos viendo y escuchando todos los días. Hugo Chávez, en cada intervención las ratifica. Sólo con recordar la grotesca presentación de lo que él llama la Milicia Bolivariana, jóvenes y viejos armados de fusiles sin munición; la guerrilla comunicacional, constituida por jóvenes liceístas; el sempiterno señalamiento de que la oposición intentará dar un golpe de Estado y asesinarlo; las amenazas de hacer desaparecer a la burguesía nacional, que en el fondo van dirigidas a todos los venezolanos que no somos chavistas, son algunas de las muestras de por dónde van los tiros. El error de los asesores es olvidar, no conocen bien nuestra historia, que los venezolanos nunca se han rendido ante ninguna autocracia.

Fuente: eluniversal.com


EE.UU/Venezuela: The Washington Post critica la débil política de Obama hacia Venezuela

9 abril 2010

El diario The Washington Post criticó en un editorial la débil respuesta del Gobierno de Barack Obama al anuncio de Rusia de que Venezuela gastará 5.000 millones de dólares en armas rusas y a los arrestos de tres opositores al Ejecutivo de Hugo Chávez.

«La respuesta de la administración Obama ha sido minimizar los hechos. Los arrestos políticos han sido respondidos con meras declaraciones de preocupación», indicó el periódico. «En las últimas dos semanas, el Gobierno (venezolano) arrestó y acusó penalmente a tres importantes líderes opositores. Uno de ellos es un ex gobernador y ex candidato presidencial, quien dijo en una entrevista que Venezuela se ha convertido en un paraíso de narcotraficantes y terroristas», denunció.

«Otro es el propietario de la única cadena de televisión que se atreve a criticar a Chávez y el tercero es un diputado de la Asamblea Nacional que ha denunciado hechos de corrupción que involucran a miembros de la familia del presidente», añadió.

El rotativo hizo referencia a las acciones que se han tomado en Venezuela en las últimas semanas contra el ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y el diputado Wilmer Azuaje. En el caso de Álvarez Paz, The Washington Post señaló que Chávez «emprendió acciones» después del auto del juez español Eloy Velasco sobre la presunta complicidad del Gobierno venezolano con el grupo terrorista ETA y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«El delito de Paz fue hablar acerca de este asunto», según el rotativo, que agregó que el expediente judicial presentado en España «constituye una de las numerosas pruebas que demuestran el apoyo que brinda Chávez al terrorismo, que no ha ocultado su preferencia por las FARC sobre el Gobierno democrático de Colombia», acusó.

En cuanto a la «inundación de armas rusas, dirigidas a intimidar a los aliados más cercanos de Estados Unidos en Latinoamérica», en referencia a Colombia, el diario criticó la respuesta del portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. El pasado lunes, después del anuncio del primer ministro ruso, Vladímir Putin, el portavoz estadounidense declaró: «Nos urge saber qué necesidad de legítima defensa tiene Venezuela para (adquirir) este equipamiento (…) y probablemente podemos pensar en cosas mejores donde se puede invertir en beneficio del pueblo venezolano».

El editorial consideró insuficiente esta respuesta y afirmó que «los colombianos y los venezolanos sólo pueden aspirar a que tal desinterés esté justificado». El Post indicó que el gasto armamentístico anunciado por Rusia es una «gran cantidad» para un país latinoamericano «que está sumido en una profunda recesión y ocupado racionando su agua, su electricidad y su moneda».

«Lo que supone una señal más del deterioro político, económico y de derechos humanos que se está produciendo en el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos», advirtió. En este sentido recordó que Venezuela ya se ha comprometido a adquirir armas rusas por valor de 4.000 millones de dólares, incluidos tanques T-72, helicópteros MI-17 y aviones de combate «con armas apropiadas para la guerra convencional con la que Chávez ha amenazado reiteradamente a Colombia».

En respuesta al editorial, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, dijo que, «detrás de estos editoriales está un señor, Jackson Diehl (subdirector de la sección de opinión del Washington Post), que es muy amigo del dueño de RCTV de Venezuela» y al que acusó de «cómplice» de la «dictadura mediática venezolana».

En un encuentro con la prensa, Chaderton, que definió al Washington Post como «la izquierda de la ultraderecha de los Estados Unidos», dijo que este diario y otros medios de comunicación como la Cadena FOX, a la que calificó «como la derecha de la ultraderecha de los Estados Unidos», coinciden «en su fobia antichavista». «Estamos en lo que llaman la guerra que llamamos de cuarta generación; la guerra no es con armas, es con micrófonos, con cámaras, con satélites», para «debilitar a un país y desestabilizarlo sobre la base de información falsa», comentó.

Fuente: INFOLATAM


Comunicado: CIDH expresa preocupación por el uso del poder puntitivo del Estado para silenciar opositores en Venezuela

30 marzo 2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela.

Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel.

En su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la jueza Afiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público.

Asimismo, durante las sesiones la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información sobre la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y sobre la apertura de una investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público. En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional.

De acuerdo a la información recibida, el 8 de marzo de 2010 Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, realizó denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico, en un programa de televisión. Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, quien fue imputado por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, e intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública.

El 22 de marzo Álvarez Paz fue detenido y el 24 de marzo el tribunal ratificó su detención. Álvarez Paz se encuentra alojado en una dependencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Por otra parte, el 24 de marzo el diputado Manuel Villalba también solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.

La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado en reiteradas oportunidades su grave preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes.

En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Las expresiones públicas realizadas por muchas autoridades en apoyo a la detención de Álvarez Paz e incitando a la apertura de procedimientos penales contra otras personas como Guillermo Zuloaga por la simple expresión de sus opiniones en foros públicos, muestran un preocupante consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Fuente: eluniversal.com


Venezuela: presidente de Globovisión detenido y llevado al juez acusado de ofender a Chávez

26 marzo 2010

El presidente de la cadena Globovisión, Guilermo Zuloaga fue retenido por la Dirección de Inteligencia Militar y enviado a la Justicia acusado de «ofender» al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Zuloaga fue liberado tras dos horas de audiencia con prohibición de salir del país. Globovisión ha sufrido en los dos ulitmos años varias sanciones para impedir sus emisiones. El gobierno de Chávez acusa a Globovisión de «terrorismo mediático» y de «enfermar, en vez de informar» a los venezolanos.

La detención de Zuloaga se produjo poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresase en un comunicado su preocupación porque en Venezuela se utilice el poder punitivo para perseguir penalmente a los opositores y criminalizar a los defensores de derechos humanos.

Zuloaga, que fue retenido por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en el aeropuerto de Punto Fijo (530 kilómetros al oeste de Caracas) cuando se dirigía a la isla de Bonaire, en las Antillas Holandesas, debe ser trasladado a Caracas.

«Un señor de la DIM me dice que hay una orden de aprehensión en contra mía y que no me dejan abordar ni siquiera mi avión», afirmó en una llamada telefónica a la sede caraqueña de Globovisión, que tiene una línea editorial abiertamente opositora al Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Poco después, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que Zuloaga es investigado por haber responsabilizado al jefe del Estado de «disparar y echarle plomo a los venezolanos», al referirse a hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2002 contra el presidente venezolano.

Ortega Díaz señaló que las declaraciones de Zuloaga fueron realizadas durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Aruba, y pueden constituir «varios delitos por ofensa o vilipendio» y también por «divulgación de información falsa».

La fiscal general dijo que la «orden de aprehensión» surge de una solicitud de la unicameral Asamblea Nacional para iniciar una investigación por las declaraciones de Zuloaga, que son consideradas «irrespetuosas y ofensivas contra el jefe de Estado».

Agregó que se emitió la orden al considerar que Zuloaga iba a huir del país, extremo que ha sido desmentido tanto por el presidente de Globovisión como por su hijo, Carlos Zuloaga, quien afirmó que su padre iba a ir a Bonaire y volver inmediatamente.

El ex director de Globovisión Alberto Federico Ravell denunció que Zuloaga «está sufriendo lo que sufren todas las personas que son disidentes de un Gobierno que pareciera que no está actuando apegado a la ley».

En la misma línea se expresó Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, quien desde Miami aseguró que la detención de Zuloaga es un «atropello a los derechos civiles» y «una agresión contra el derecho del pueblo venezolano a recibir información y a expresarse».

Por su parte, el presidente de la ONG venezolana Espacio Público, Carlos Correa, afirmó que «se está reprimiendo y sancionando las voces críticas, las que piensan distinto y tienen una visión crítica de lo que está pasando en el país».

Zuloaga tenía prohibida la salida del país, medida que le fue levantada en el mes de febrero pasado el mismo día que Ravell confirmaba su salida de Globovisión, por supuestas presiones gubernamentales.y criminalizar a los defensores de derechos humanos.

Una vez conocida la detención de Zuloaga, se emitió otro comunicado en el que la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su «profunda preocupación» por este hecho que a su juicio evidencia la alta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo que amedrenta a toda la sociedad».

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN), la oficialista Cilia Flores, sostuvo, sin embargo, que «la decisión de la Fiscalía venezolana se atiene a ley» y señaló que en Venezuela «no hay presos políticos, aquí lo que hay es justicia».

«Si se tiene la valentía para incurrir en el delito, que sean valientes para sumir su responsabilidad de cara a la ley», afirmó Flores ante los periodistas en la AN.

El empresario venezolano ya había sido investigado por la Fiscalía el año pasado por un supuesto caso de «usura genérica» debido a que, en una de sus residencias en Caracas, fueron hallados 24 vehículos nuevos de dos distribuidores automovilísticos de su propiedad.

Por esta acusación, Zuloaga tenía prohibida la salida del país, medida que le fue levantada en el mes de febrero pasado el mismo día que Ravell confirmaba su salida de Globovisión, por supuestas presiones gubernamentales.

Globovisión ha enfrentado en los dos últimos años varias averiguaciones administrativas por parte del ente regulador de las telecomunicaciones Conatel, que podrían suponer desde su cierre temporal hasta la revocación de la concesión para transmitir, que otorga el Estado como administrador del espectro radioeléctrico.

Fuente: INFOLATAM


SIP: inminente colapso de prensa independiente en Venezuela

22 marzo 2010

El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez ha asumido como prioridad la «eliminación» de la prensa independiente, alertó el domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El organismo, que celebra en la capital de Aruba su reunión semestral, advirtió que el reciente cierre de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV), el 24 de enero, es solo una muestra de que la libertad de prensa está «en franco deterioro» en Venezuela.

El informe sobre el país sudamericano, leído por el director del diario Correo del Caroní David Natera, destaca que el cierre definitivo de la señal RCTV forma parte de «un proceso de atropellos» que comenzó en el 2007, cuando fuerzas militares se apoderaron de sus instalaciones.

El documento, cuya lectura fue publicada en tiempo real a través de Twitter, también destaca la situación de la televisora Globovisión, que enfrenta 40 procesos judiciales y administrativos abiertos por el gobierno venezolano.

Tras asegurar que el gobierno de Chávez «hace desaparecer» a los anunciantes privados mediante «expropiaciones ilegales y estatización de importantes empresas», el informe subraya que la prensa independiente venezolana «enfrenta un inminente peligro de colapsar».

La SIP también denunció el intento de Chávez de restringir los contenidos por internet y que además de las millonarias partidas gubernamentales en medios de comunicación, la nueva ley electoral establece que el Consejo Nacional Electoral contará con cinco minutos diarios en las emisoras de radio y televisión y una página al día en la prensa escrita.

Natera, quien dirige además Bloque de Prensa, la mayor asociación de diarios en Venezuela, acusó al gobierno de Chávez de privar a los periódicos de los ingresos derivados de anuncios del sector público, dirigiendo esa publicidad sólo a medios que apoyan al mandatario.

«El no está cerrando los periódicos, pero los está asfixiando económicamente», señaló.

El presidente de la SIP Alejandro Aguirre, condenó también la situación en Venezuela, y consideró que otros gobiernos latinoamericanos afines a Chávez, como los de Nicaragua, Ecuador y Bolivia, estén buscando también coartar la libertad de prensa.

«Es evidente que las políticas de estos gobiernos están ligadas ideológicamente a las políticas del presidente Chávez y básicamente están buscando la misma línea del gobierno venezolano para reducir cualquier expresión independiente que viene de los medios de comunicación», dijo Aguirre, quien es también subdirector del Diario de Las Américas en Miami.

«El fin es crear sociedades en que el árbitro de la información y opinión sea el gobierno», consideró.

La SIP, con sede en Miami e integrada por unos 1.300 medios de comunicación del continente, comenzó el sábado, la revisión de los informes sobre la libertad de prensa en cada país.

El organismo manifestó su preocupación por «un panorama violento sin antecedentes» de la que es víctima la prensa en México debido al crecimiento del crimen organizado, la impunidad y la falta de garantías para el ejercicio periodístico.

Según el informe sobre ese país, durante el último semestre seis periodistas fueron asesinados por razones vinculadas a su trabajo, otro falleció por las agresiones que sufrió durante su secuestro y cinco más están desaparecidos.

Solo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, ochos periodistas del norteño estado de Tamaulipas fueron secuestrados, pero no se hicieron las denuncias ante las autoridades «por el temor que existe a represalias y a poner en peligro a los comunicadores».

Tras destacar que desde el 2000 han muerto 60 periodistas por razones vinculadas a su trabajo en la prensa, la SIP advierte que el escenario en México «es cada vez más complicado».

En su sesión de este domingo, la SIP también subrayó la urgencia de contribuir con la prensa de Haití, en donde el devastador terremoto del 12 de enero provocó la muerte de al menos 31 periodistas y afectó las instalaciones, equipos y operaciones de los medios de comunicación.

«Al destruir tantos negocios que compraban anuncios, el terremoto también minó la base financiera de la industria» periodística haitiana, lamentó el documento presentado por Miguel Franjul, director de Listín Diario de República Dominicana.

Según el recuento de Franjul, sólo una docena de las 50 emisoras de radio de Puerto Príncipe continúan al aire, en un momento en que el país se prepara para la llegada de la lluvias y los medios de comunicación juegan un papel fundamental.

Aunque insiste que «la libertad de prensa en Cuba sigue siendo un sueño lejano», la SIP destacó algunos síntomas de apertura a través del incremento del número de blogueros y periodistas independientes, que llega a 300.

Sin embargo, Aguirre consideró que Cuba es el caso que presenta las mayores violaciones a la libertad de prensa.

«El caso de mayor preocupación sigue siendo el caso de Cuba, donde una dictadura de casi medio siglo no ha permitido en lo mas mínimo una libertad de expresión y libertad de prensa básica», dijo.

El organismo interamericano también alertó el domingo sobre la ofensiva del presidente ecuatoriano Rafael Correa para limitar la libertad de expresión a través de nuevas regulaciones a las operaciones administrativas y económicas de los medios de comunicación.

La SIP concluirá el lunes su reunión de medio año con la aprobación de los informes de cada país.

Fuente: elnuevoherald.com


Chávez desmiente que intente controlar Internet

22 marzo 2010

El Aló Presidente 354 marcará el inicio de la estrategia del mandatario Hugo Chávez por conquistar Internet.

Durante las seis horas de transmisión -Chávez siempre estuvo de pie- el Presidente se dedicó a precisar los rumores sobre el control estatal a la web, al tiempo que volvió a reiterar sus críticas en contra del gobernador de Lara, Henri Falcón y los integrantes de Patria Para Todos (PPT)

«Está corriendo una noticia falsa, porque es falsa, de que vamos a limitar Internet, que la vamos a controlar. Es falso. Nosotros tenemos una estrategia central y no es otra que transferir poder al pueblo y el primer poder es el conocimiento.

El jefe de Estado manifestó que el uso de Internet en Venezuela es ley, «en contra de lo que dicen los escuálidos, por una reflexión que hice».

No obstante, no explicó por qué su gobierno decidió cambiar la calificación que hace del Internet. Si bien de la Ley de Telecomunicaciones y el decreto 825 del Ejecutivo Nacional -ambos en el año 2000- se consideró la Internet como una herramienta prioritaria para el desarrollo económico del país, esta percepción cambió con el decreto 6.649, promulgado el año pasado, en el que Internet comenzó a catalogarse como servicio suntuario.

Agregó que con los infocentros el pueblo tiene «una trinchera de lucha, esto es como si tuvieran un fusil, un cañón. Por allí viene corriendo por Internet, por no sé cuantas páginas y blog y no sé cuántos términos que se usan, Blackberry y demás Twitter, las corrientes conspirativas. Tú no viste lo que hace poco sacaron por Internet que mataron a Diosdado Cabello y a Mario Silva ese es el golpe de Estado. Mira, por Internet se ha dado hasta golpes de Estado».

El jefe del Estado exhortó a todos sus seguidores para evitar que la difusión de la tecnología «contribuya a ensanchar la brecha entre ricos y pobres sino que más bien la utilice el pueblo apropiándose del conocimiento de la tecnología para mejorar sus condiciones de vida, para lograr su independencia nacional, la soberanía nacional, para luchar contra los valores del capitalismo que andan por Internet».

Chávez recordó que a la fecha existen 668 infocentros en el país, a los que se deben sumar los 24 que está previsto inaugurar en los próximos meses. Según los cálculos del jefe del Estado, los infocentros le darán a su gobierno una penetración de hasta 10 millones de usuarios.

Como parte de la ofensiva por incrementar la presidencia de la revolución en la web, el Presidente anunció que «abrirá una trinchera» a través de un blog que comenzará a escribir desde Miraflores

«Ahí me comunicaré también con el enemigo& que me den, que yo también voy a darles. Batalla es batalla»

PPT dará lástima

Chávez exhortó a las bases de PPT a reunirse para «salvar» al partido.

«Van a terminar como Podemos, que da tristeza y asco. Para allá va el PPT, se están dejando manipular y la cúpula lo sabe», explicó.

Chávez reiteró que los dirigentes de PPT están «jugando a la manipulación» en su contra, al tiempo en que insistió que el gobernador de Lara, Henri Falcón, «es un traidor»

«No me respete gobernador, que usted no se respeta a usted mismo. Usted es un traidor gobernador. Un traidor más que va a desaparecer por el camino de los traidores y al pueblo de Lara los llamó a juntar fuerzas», aseguró Chávez.

Fuente: eluniversal.com


Cuba Blasts Foreign Press for Dissident Coverage

9 marzo 2010

Cuba on Monday strongly criticized foreign press coverage of a dissident hunger striker as part of a campaign to discredit the island’s political system.

Guillermo Farinas, a freelance opposition journalist, has refused food and water since Feb. 24 to protest the death of another hunger striker and demand the release from jail of some 26 political prisoners said to be in poor health.

»Cuba will not accept pressure or blackmail,» proclaimed a red-letter headline in the Communist Party daily Granma, which said, »Important Western media groups are again calling attention to a prefabricated lie.»

It was the first time Cuba’s state news media had mentioned the hunger strike.

Several foreign media organizations, including The Associated Press, traveled to Farinas’ home in the central city of Santa Clara last week to interview him about his protest.

Farinas told AP he was not demanding the overthrow of the government or greater freedom of expression. He said he would give up his fast if the ailing political prisoners are released, but vowed to otherwise continue until his own death.

Farinas passed out last week and relatives took him to a hospital, where doctors administered fluids intravenously. A family spokeswoman said Monday he is extremely weak.

»His eyes are sunken and he is more dehydrated,» Licet Zamora told AP by phone.

Granma said Farinas’ legal troubles began because of a physical altercation with a female co-worker — not politics — and described him as a paid agent of the United States and employee of the U.S. Interests Section, which Washington maintains in Cuba instead of an embassy. Cuba has long described dissidents as »mercenaries» and claimed they get money from Washington.

Farinas denies receiving funds from the U.S. government. The Cubanacan Press news agency that he works for operates on a free Web log hosting service and on Facebook, where posts also are free.

Other than a full shelf of books, there are no obvious signs of wealth in Farinas’ concrete two-story house, which has cracks in its crumbling facade and simple wooden furniture inside.

The Granma article disavowed any government responsibility for Farinas’ fate.

»It is not medicine that should resolve a problem that was created intentionally to discredit our political system but rather the patient himself, unpatriotic people, foreign diplomats and the media that manipulates him» Granma wrote. »The consequences will be their responsibility, and theirs alone.»

Elizardo Sanchez, head of the Havana-based Commission on Human Rights and National Reconciliation, said in a statement that the article in state-media meant that the government was »laying the groundwork to justify the eventual death» of Farinas.

Granma said that Cuban doctors have repeatedly intervened to save the man’s life in the 22 other hunger strikes he has launched over the past 15 years. It also noted that hunger strikes put governments in a difficult position, since many countries consider force feeding a violation of human rights. It said such measures could only be taken once »a patient is in shock.»

Farinas’ relatives say they will continue to bring him to the hospital and allow doctors to intervene each time he loses consciousness, meaning his hunger strike could go on for some time.

The death of the first hunger striker, Orlando Zapata Tamayo, sparked condemnation of Cuba in Washington and several European capitals. Unlike Farinas, Zapata Tamayo was in prison and was listed as a prisoner of conscience by Amnesty International.

President Raul Castro said he regretted the man’s death but denied he was tortured and blamed problems on the island on Washington’s 48-year trade embargo.

Fuente: nytimes.com



Venezuela: RCTV anuncia un nuevo canal internacional y otro nacional por suscripción

23 febrero 2010

La cadena privada venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), de línea editorial opositora al presidente Hugo Chávez, anunció que ha decidido inscribir ante el Gobierno una emisora internacional y otra nacional.

«Esta solución nos permite demostrar con hechos de que no nos rendiremos y seguiremos apegados a nuestros principios y valores», dijo Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC que operará a las emisoras que dijo serán llamadas RCTV Mundo y RCTV Internacional. Los abogados de 1BC, reveló Granier, han presentado este mismo lunes a la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la documentación respectiva para regresar «al aire».

RCTV Internacional emitió hasta el mes pasado por el sistema de televisión por suscripción desde julio de 2007, después de que RCTV se viera obligado a apagar su señal en abierto en de mayo de ese año después de que el Gobierno no le renovara la concesión de frecuencia estatal que tenía desde hacía décadas.

El gremio que controla las emisiones de las cadenas por suscripción retiró a RCTV Internacional de su oferta, luego de que Conatel le informara que no estaba cumpliendo las normas previstas para las emisoras venezolanas, entre ellas la reproducción de las cadenas estatales y nacionales de radio y televisión.

Pese a su nombre, RCTV Internacional asume a partir de este lunes como productora nacional, y por lo tanto acata las leyes venezolanas, entre ellas las que obligan a las emisoras a reproducir esas «abusivas cadenas de Chávez», dijo Granier. RCTV Internacional acepta «bajo protesta» la calificación de productora nacional que le concedió Conatel y al igual que RCTV Mundo seguirá «apegado a los principios y valores de la empresa, porque no nos rendiremos y seguiremos defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela», remarcó.

Dijo que hasta ahora no hay ninguna restricción legal a la apertura de RCTV Mundo y a la continuidad de RCTV Internacional, ahora como productor nacional, pero que, no obstante, «es del conocimiento público, y así ha sido denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, que el Gobierno ha ejercido todo tipo de presiones indebidas e inconstitucionales» en su contra.

Fuente: INFOLATAM


Reporteros extranjeros en Cuba revelan presiones

22 febrero 2010

Una reportera española radicada en Cuba por cinco años escribió que «es raro el periodista que no suaviza sus reportajes para evitar ser expulsado del país».

Otro corresponsal radicado allí durante cuatro años escribió: «La autocensura es una práctica muy común». Y también: «Nadie en la isla puede escribir la verdad de lo que pasa allí. Los corresponsales sólo pueden aproximarse a la realidad».

Juntos, los libros recientes de Isabel García-Zarza y Vicente Botín han sacado a la luz pública una dura realidad que los corresponsales extranjeros en Cuba sólo han admitido previamente en privado: que las fuertes presiones del gobierno los obligan regularmente a andarse con cuidado en cuanto a las historias delicadas.

«El público extranjero está recibiendo una imagen de Cuba que está, por lo menos, minimizada», afirmó García-Zarza desde España en una entrevista telefónica. «Pero siempre es mejor un 80 o 90 por ciento de la realidad que nada».

«Por supuesto que mis editores en España estaban perfectamente conscientes de lo que pasaba, pero para ellos era importante mantener un corresponsal en Cuba», explicó Botín a El Nuevo Herald en otra llamada telefónica desde España.

Autocensurarse para evitar ser expulsados ha sido siempre común entre los corresponsales extranjeros radicados en países con gobiernos represivos, desde el Irak de Saddam Hussein hasta la antigua Unión Soviética.

Incluso en las democracias, «los corresponsales están conscientes de la presión para [. . .] que oculten información o la presenten de una manera que no ofenda sin necesidad a las fuentes», indicó Ed Wasserman, quien enseña Etica Periodística en la Universidad Washington & Lee de Virginia.

Pero, después de que se le leyeron varios pasajes de los dos libros españoles, Wasserman dijo que las presiones cubanas parecen haber obligado a los corresponsales a cruzar la línea de la discreción razonable.

«Lo que ellos están diciendo en realidad es que el precio de su estancia en Cuba fue su inhabilidad de funcionar como periodistas», comentó Wasserman. «Ellos se incapacitaron a sí mismos para poder permanecer allí».

Botín y García-Zarza no están de acuerdo y argumentan que los más o menos 150 corresponsales extranjeros radicados en Cuba escriben y transmiten historias que pueden disgustar al gobierno pero que son demasiado importantes como para poder evitarlas, como por ejemplo la salud de Fidel Castro, la represión contra los disidentes y el caos económico.

Sus libros –el de ella, La Casa de Cristal, y el de él Los Funerales de Castro, ambos publicados en España a fines del año pasado– brindan ejemplos de cómo escribieron historias delicadas a pesar de los esfuerzos del gobierno cubano por controlar su trabajo.

Mientras escribía una historia sobre los disidentes, «no puedo abandonar cierta angustia, e incluso considero la posibilidad de abandonar la historia [. . .] pero luego decido que no puedo permitirles que me intimiden», escribió García-Zarza, quien trabajó en Cuba para la agencia de noticias Reuters entre 1999 y el 2004.

Cuando funcionarios cubanos ordenaron a todos los corresponsales en La Habana que no reportaran «ni una palabra» luego de que Castro se desmayara durante un discurso en el 2001, ellos reportaron el evento de todas maneras, escribió ella.

Pero en muchos de sus comentarios sobre su trabajo como corresponsales admitieron que también se plegaron a menudo a las presiones del gobierno cubano y su Centro de Prensa Internacional (CPI), el cual entrega las acreditaciones que estrictamente se requieren para trabajar allí como periodistas.

El CPI entrega además los papeles necesarios para que los corresponsales puedan adquirir artículos necesarios, tales como equipos de aire acondicionado, señaló García-Zarza, «y, por supuesto [. . .] no puedo evitar pensar en eso».

Los corresponsales creen firmemente que los agentes de Seguridad del Estado espían todo el tiempo sus teléfonos, casas y automóviles, y que los siguen a menudo.

«A veces la vigilancia policial es deliberadamente indiscreta, para intimidar», escribió Botín, quien fue corresponsal de Televisión Española en Cuba entre el 2005 y el 2008.

Botín añadió que los agentes de la Seguridad también vigilan «las ideas políticas, las preferencias y sobre todo las debilidades, como drogas, sexo, alcohol y juego» de los corresponsales.

El sistema de presiones «funciona a la perfección. Uno se convierte en su propio censor», escribió García-Zarza.

Cuando Castro volvió a desmayarse durante el funeral de un simpatizante del gobierno el 16 de febrero del 2006, «nadie reportó nada» debido a «las recomendaciones de la Seguridad del Estado», según Botín.

«La espada de Damocles cuelga de un delgado hilo sobre las cabezas de los corresponsales acreditados en la isla, y la más leve brisa puede hacerla caer», escribió.

García-Zarza señaló que su primer encontronazo con el CPI ocurrió después de que ella escribiera sobre la prohibición del gobierno de que los cubanos entraran a los hoteles turísticos. Una funcionaria del CPI la hizo venir al centro, y «como era la primera vez [. . .] ella jugó el papel de la hermana mayor que trata de abrir los ojos a su alocada hermana menor, quien no ha entendido todavía las dificultades que enfrenta la isla».

Pero luego de que una segunda historia fuera considerada demasiado crítica, la misma funcionaria la llamó por teléfono «gritándome cómo podía yo haberle hecho eso, que ella me lo había advertido, y que yo sabía muy bien que esto iba a traer consecuencias», escribió. «Yo me eché a llorar desconsolada».

Una queja posterior del CPI fue enviada por correo electrónico al supervisor de García-Zarza en La Habana, diciendo: «Cuando ella ha llegado a este extremo, debería preguntarse a sí misma si es que ya ha agotado su utilidad en su puesto».

García-Zarza permaneció en Cuba hasta el final acordado de su misión, pero un corresponsal británico de Reuters en La Habana, Pascal Fletcher, fue obligado a irse en el 2001 después de que Castro atacara públicamente sus reportajes y el CPI dejó saber que no renovaría sus credenciales de prensa.

«Supongo que no había alternativa, pero me duele mucho» que Reuters aceptara enviar a Fletcher a otra parte, agregó ella. «Al final lo importante es mantener la puerta abierta. Después de tantos años, nosotros [Reuters] no podemos arriesgarnos a que nos expulsen ahora. . . No puedo decir que estoy orgullosa de cómo manejamos esta situación».

Más adelante en el libro, basándose en un diario que ella llevaba, escribió: «Han pasado un par de meses desde el [caso Fletcher], sólo cubriendo lo absolutamente necesario, teniendo el mayor cuidado con cada historia. Todos tenemos el miedo metido en los huesos. Hasta el punto en que, cada vez que escribimos algo, nos preguntamos unos a otros si ‘les va a gustar a ellos’ ».

Unos 150 medios de prensa extranjera están acreditados actualmente por el CPI, desde CNN y la Associated Press, con sede en Estados Unidos, hasta periódicos y cadenas de Europa, Asia y América Latina.

Editores de tres medios de prensa que tienen o tenían corresponsales en Cuba no quisieron hacer declaraciones para esta historia, y lo mismo hizo Fletcher. The Miami Herald y El Nuevo Herald, quienes durante varios años no han recibido el permiso de Cuba para reportar desde allí, han enviado reporteros a la isla como turistas sin acreditaciones del CPI.

Alberto González, portavoz de la misión diplomática cubana en Washington, dijo que él no había leído los libros de los periodistas españoles, pero les restó importancia, diciendo que formaban parte «de una moda de escribir libros sobre Cuba para hacer dinero. Si ellos escribieran la verdad sobre Cuba, los libros no se publicarían, y por eso ellos tienen que mentir».

«Ellos no se hubieran quedado tanto tiempo en Cuba si los hubieran perseguido con tanta fuerza», añadió.

Las regulaciones del CPI le permiten cancelar las acreditaciones de los corresponsales «cuando la persona acreditada lleva a cabo acciones que son impropias o incompatibles con sus. . . obligaciones de trabajo, y cuando se considera que ellos han violado la ética periodística y/o no han mantenido la objetividad».

González dijo que la fórmula es la misma que la que se usa en muchos países europeos, en especial, España. «Lo único que hemos exigido es que ellos se atengan a la verdad y a la objetividad», dijo.

No obstante, el gobierno de Castro ha expulsado a muchos corresponsales o se ha negado a renovar sus acreditaciones desde 1959. Los últimos tres casos ocurrieron en el 2007 e incluyeron a Gary Marx, de The Chicago Tribune, quien había permanecido como corresponsal en Cuba desde el 2002.

«Es absolutamente cierto que existe la autocensura en Cuba», declaró Marx a El Nuevo Herald. «Pero cada corresponsal toma su propia decisión en cuanto a cómo maneja las presiones del gobierno. Yo traté de cubrir la historia sin concesiones lo mejor que pude».

Marx lo hizo así, y el CPI le notificó a principios del 2007 que tenía 90 días para abandonar el país.

«Ellos me dijeron que mis historias eran demasiado negativas, y que ‘creemos que nos irá mejor con otra persona’ », o sea, otro corresponsal cuyas historias les molestaran menos.

«Claro que la autocensura es algo común en Cuba», añadió Tracey Eaton, corresponsal de The Dallas Morning News en La Habana entre el 2000 y el 2005.

«Los reporteros hacen concesiones todo el tiempo a cambio de tener acceso. Pero en Cuba la situación es más dramática», precisó Eaton. «Cuba es un lugar duro de cubrir, un lugar duro para trabajar. Puede hacerse opresivo».

La Sociedad Interamericana de Prensa reportó en noviembre que el CPI había reforzado su control sobre los corresponsales y había demorado durante meses la renovación de las acreditaciones como un modo de presionar a los extranjeros.

Mientras que el libro de García-Zarza se centra en sus experiencias personales en Cuba, el de Botín brinda una mirada detallada y sin censura a la realidad cubana, desde la pobreza de sus habitantes hasta su caótica economía y los defectos de su sistema de salud y educación.

Botín escribió parte del libro en secreto mientras vivía en La Habana, pero lo terminó después de haber salido de allí porque, según observó: «Nadie puede decir desde dentro de la isla la verdad sobre lo que pasa allí. Los corresponsales sólo pueden aproximarse a la realidad por medio de alusiones y metáforas».

Cuba, agregó, «no es el mundo feliz que proyectan los medios de prensa».

Fuente: elnuevoherald.com


Intentan levantar la mala imagen de Cristina en las redes de Internet

15 febrero 2010

La Presidenta y su marido llamaron al combate, y ellos tomaron las armas. En la guerra por intentar revertir los crecientes niveles de imagen negativa que le atribuyen todas las encuestas, el Gobierno cuenta con la ayuda de distintos grupos de cibermilitantes organizados para defenderlo en Internet, otro de los terrenos esquivos para los Kirchner.

«Según nuestras mediciones, un 70% de todos los comentarios en las redes sociales sobre Cristina Kirchner y el Gobierno son negativos», dice Jonathan Ríos, del departamento de Marketing & Research de la consultora BGL. Su tarea es analizar la presencia y la imagen de marcas y personas en el «universo social», es decir en los blogs y microblogs personales, y en las nutridas comunidades de Facebook, Twitter, Ning, Flickr o YouTube: espacios donde los usuarios se inscriben espontáneamente para opinar sobre algo o sobre alguien.

«Para medir las opiniones de la gente en estos expacios utilizamos varias herramientas», explica Ríos. «Primero corremos dos programas que nos dan un informe sobre la visibilidad de la marca o persona que estamos midiendo, y cuáles son los medios en los que más aparecen. Luego se evalúan ciertas palabras clave, tópicos del momento, historias o notas más comentadas y compartidas, la voz de los usuarios más influyentes en el medio, la repercusión sentimental generada y las tendencias de publicación. Después utilizamos plataformas profesionales en las que ingresamos todos estos datos, le indicamos al sistema cuales son las palabras negativas, positivas o neutras, y en qué medios queremos realizar la medición. A través de un procesamiento de lenguaje natural, la información es analizada y segmentada».

La explosión de estas ágoras virtuales es la principal diferencia de la llamada «Web 2.0» con la Internet tradicional. Aldo Leporati, de la consultora Porter Novelli, advierte que los políticos argentinos deberían ‘cuidar’ lo que se dice sobre ellos en las redes sociales, «porque ahora la gente tiene voz y voto. Los usuarios crean grupos de interés; inician y mantienen conversaciones para opinar, participar, compartir ideas, producir audios y videos y averiguar sobre distintos temas. Los consumidores se convirtieron en ‘prosumidores'».

En la jerga 2.0, los comentarios, posteos y conversaciones que circulan en las redes sociales y los blogs reciben el nombre genérico de «buzz», y refieren a las percepciones y rumores que sobre determinado tema o persona surgen de esos comentarios. Algunos especialistas en el uso de nuevas tecnologías también llaman a estas participaciones «información social», y sus análisis les asignan cada vez más importancia.

Como parte de este nuevo menú de herramientas participativas, las redes sociales ofrecen la inédita posibilidad de la militancia negativa; sin necesidad de embandearse detrás de ninguna idea o candidato, cualquier persona puede crear un grupo en contra de algo y esperar a que otras personas adhieran a él. Mala noticia para el Gobierno: a los jóvenes usuarios de las redes sociales -una inmensa mayoría- no se los puede seducir con subsidios ni planes sociales. Ellos son los más golpeados por el desempleo (mientras que según el cuestionado Indec la tasa general es de 9,1%, entre los menores de 29 años supera el 16%), y de acuerdo a lo que la semana pasada discutieron el cardenal Casaretto y el ministro de Educación Alberto Sileoni, entre 550.000 y 900.000 chicos de 13 a 19 años no estudian ni trabajan.

Pero al parecer, estos jóvenes tampoco son tan escépticos como se los creía hasta ahora: en la web militan fuerte contra el Gobierno, y aunque para muchos dirigentes su incidencia parece invisible, las estadísticas sugieren otra cosa. Sólo Facebook, la más popular de las redes, tiene siete millones de usuarios en el país.

Allí se se multiplican y crecen sin parar «clubes» como «A que encuentro a 10.000 que odian a Cristina Kirchner» (con 184.440 afiliados superó su meta con creces), «¡Vamos por más! 500.000 personas contra el gobierno de Kirchner» (44.671 seguidores) y unos 340 grupos similares que hasta ahora reunieron más de medio millón de adherentes: En sus «muros» -pizarras virtuales para escribir opiniones- no sólo se expresaron opiniones y diatribas contra el Gobierno, sino que también se definieron acciones colectivas, como un cacerolazo o una convocatoria a manifestar en Plaza de Mayo. Hace diez días, por ejemplo, se creó un nuevo grupo para tratar de unir y coordinar a todos los socios anti K.

Para no prestarse a confusiones ni manipulaciones, el creador de «¡Vamos por más!…», aclaró hace unos días que «este grupo es democrático, no somos golpistas, como nos tilda Nestor Kirchner. No queremos que caiga el gobierno, queremos que hagan las cosas como se debe! Todos tienen derecho a expresar su opinión, pero este grupo esta claramente en contra de este gobierno inepto, así que si no concuerdan con la idea, abstenganse de hacer comentarios en este grupo, van a ser eliminados».

La advertencia está dirigida a los ciberactivistas kirchneristas que ya comenzaron a organizarse para defender al Gobierno. ¿Su hipótesis? Que los medios de comunicación «distorsionan la realidad», y que es necesario crear circuitos de información y difusión más benevolentes con la pareja presidencial. En 2007, la campaña de Cristina había ofrecido los primeros antecedentes de esta cibermilitancia K: bajo la protección de fundaciones como Generación Libre y Primero Argentina -patrocinada por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini- florecieron grupos como Generación K, Grito Argentino y Blogs para la Victoria, manejados por militantes como el actual funcionario tucumano Javier Noguera y el santacruceño Agustín Clark. Estos equipos perdieron fuerza tras las elecciones presidenciales, y terminaron desarticulándose meses después, cuando varias investigaciones periodísticas señalaron a sus creadores como «ñoquis digitales».

Los actuales exégetas del Gobierno son más vocacionales. Los más fanáticos se congregan en «Bloggers en acción», una plataforma que reúne a 279 blogs. «Todos sabemos que lo que ellos -los medios- dicen no es lo que la gente dice, sino lo que quieren que la gente diga», se convencen. Otro «blog de blogs» muy activo es la «Peronósfera», creada y cooordinada por Mónica D’Assisi. «El objeto directo de nuestra militancia es el Gobierno nacional, al que apoyamos totalmente», explica Mónica a Clarín. «La red nos sirve para captar opiniones de todos los compañeros, oficialistas y no oficialistas, y generar debates acordes a nuestra afinidad ideológica. Habíamos llegado los 3.000 miembros, pero el 3 de enero nos hackeraron», dice. En el sitio peronautas.com también se abre la puerta a 47 blogs kirchneristas.

La batalla por el relato tiene más soldados oficialistas. Un comunicado emitido hace un mes, en sincronía con la denuncia de Néstor Kirchner sobre un supuesto mega complot para desestabilizar al Gobierno, recrea con dramatismo el estilo de los antiguos partes de guerra: «Ante la solapada y trasnochada intención de llevar adelante un golpe institucional-económico-político-judicial contra el Gobierno nacional y popular de la señora Cristina Fernández de Kirchner (…) el secretario general del Movimiento Peronista Bloguero comunica a sus adherentes y al pueblo en general que el mismo se encuentra en estado de alerta y movilización permanente en defensa del gobierno nacional & popular».

Los defensores del Gobierno obedecen un principio básico de cualquier militancia: «Si no somos masivos, seamos activos.» Aunque los blogueros K que aceptaron hablar con Clarín niegan estar coordinados ni gestar acciones violentas, sus páginas reproducen convocatorias a marchas y repudios, como el que se propone hacer contra este diario en las próximas semanas. El acoso por correo electrónico a quienes se considera «opositores» es otra de las armas preferidas por algunos, tal como ya denunciaron en sus columnas dos periodistas de esta redacción, Marcelo Moreno y Miguel Wiñazki.

Anita Montanaro es una de las blogueras kirchneristas. «Los blogueros nos reunimos y discutimos política y objetivos, para tratar de fortalecer estrategias comunicacionales, que a nuestro entender es donde se encuentran algunos inconvenientes del gobierno nacional. Damos el debate en todos los lugares que podemos. En Internet dejamos comentarios en notas periodísticas, en blogs opositores y en foros de discusión. No nos agrupa ningún político, aunque tuvimos reuniones con Agustín Rossi. El nos valora como militantes y nos apoya, pero no nos paga nadie. Orgullosamente nos declaramos fundamentalistas de la Presidenta», escribe Anita.

Tanta actividad tal vez empiece a dar algún fruto: según el último análisis de medios sociales realizado por la consultora Porter Novelli, la performance de la Presidenta es un poco mejor que la medida en el completo trabajo de su colega BGL. «Cristina tiene una gran presencia en grupos y páginas de Facebook, y el 50 por ciento de ellos son a favor. Es decir que por cada grupo en contra hay uno a favor de ella, o que promueve su imagen y su gestión». No es novedad; hace un mes, un informe del Equipo de Investigación de Clarín reveló que el Gobierno venía acelerando su colonización de Internet: ahora controla el 70 por ciento de las nuevas páginas que usan la denominación .gov.ar, cuando en 2006 sólo concentraba el 40 por ciento.

Unos ocho millones argentinos menores de 35 años votarán el año que viene un nuevo Presidente, y según surge de todos los estudios de mercado, tienen a la web como uno de los principales canales de información y de socialización. Para conquistar ese territorio virtual que le es esquivo, el Gobierno aplica la misma táctica que usa en la televisión y los medios escritos: multiplicar su presencia y saturar con su discurso todos los espacios disponibles, con la convicción de que así logrará revertir su desaprobación. Tal como aconsejaban los manuales de opinión pública de los años 40.

Fuente: clarin.com


RCTV I requirió mediación de la OEA y acudió a Conatel

9 febrero 2010

Directivos y trabajadores de RCTV Internacional, acudieron ayer a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, donde entregaron una carta en la que aceptaron la mediación ofrecida por el secretario general del ente, José Miguel Insulza.

El pasado 25 de enero y tras la salida del aire de la televisión por suscripción de seis canales -entre ellos RCTV Internacional- Insulza lamentó la medida y anunció su disposición a «colaborar al diálogo y el entendimiento de las partes».

«Acudo a esta institución para expresarle el interés de los trabajadores de RCTV, directivos y usuarios de RCTV Internacional, y me atrevo a decir de la mayoría de los venezolanos en general, en aceptar su ofrecimiento y en que esa intermediación ocurra lo antes posible», señaló el presidente de Empresas 1BC, Marcel Granier, en la carta que entregó al representante de la OEA en Venezuela, Salvador Rodezno.

En la misiva, RCTV Internacional destacó que con la medida en su contra, las autoridades venezolanas violaron al menos siete artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos: el principio de no retroactividad de la ley, el de protección judicial efectiva, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la prohibición de restringir este derecho por medios indirectos como el abuso de los controles oficiales, la protección de la honra y la dignidad, el respeto a los derechos políticos y a las garantías judiciales.

«Es muy preocupante lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Venezuela. A diario se está violando la libertad de expresión, de organización, de protesta, el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa. La Organización de Estados Americanos es garante de esos derechos. Hemos venido a hacer esta intervención para que América Latina y América en general tomen conciencia de estas violaciones», declaró Granier a la salida de su reunión con el embajador Rodezno.

Igualmente, consignaron ante la Organización de Estados Americanos un escrito contentivo de una denuncia realizada por «las continuas agresiones a comunicadores sociales» como Miguel Ángel Rodríguez y Laureano Márquez.

Rodríguez y el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, estuvieron también presentes en la sede de la OEA en Caracas.

En Conatel

Luego de entregar la misiva en la OEA, los trabajadores de RCTV marcharon hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -ambos ubicados en la urbanización Las Mercedes.

«En vista de que el ministro (de Vivienda y Hábitat y director de Conatel), Diosdado Cabello, alega que no ha recibido los recaudos presentados por RCTV Internacional el 13 de enero, llevamos una vez más los recaudos a Conatel que demuestran cómo RCTV Internacional ha cumplido con todas y cada unas de las disposiciones legales y constitucionales venezolanas», dijo Granier, acompañado por Eladio Lárez, presidente de RCTV, y los abogados Carlos Gabaldón y Oswaldo Quintana.

El pasado 4 de febrero, Cabello aseguró que «Todas las televisoras que tenían que llevar documentos a Conatel ya fueron y la única que no ha ido es RCTV». No obstante, el Departamento de Atención al Ciudadano de Conatel recibió el 13 de enero un extenso documento en el que RCTV Internacional sostiene ser productor internacional y consignó 4 cajas contentivas de 467 discos de DVD con su programación. Lo que no hizo el canal fue inscribirse como productor nacional audiovisual, ya que sostiene que no le corresponde.

Fuente: eluniversal.com


Venezuela: Bloque de Prensa acusa a Chávez de querer «silenciar» a los medios

2 febrero 2010

El Bloque de Prensa Venezolano acusó al presidente del país, Hugo Chávez, de pretender silenciar a los medios de comunicación, y reiteró el compromiso «histórico» de ese gremio con la defensa de la libertad de expresión.

«Chávez quiere silencio y autocensura», dijo en un comunicado el Bloque, que agrupa a buena parte de los diarios y revistas del país, a propósito de la suspensión el pasado 23 de enero de las emisiones por los sistemas de cable y satélite de la cadena privada RCTVI, muy crítica del Gobierno «revolucionario».

El gremio de los dueños de medios impresos venezolanos señaló como «un fraude a la Constitución» Bolivariana de 1999 «la creación de leyes y reglamentos ordenados por Chávez a los poderes del Estado, bochornosamente subordinados a su control». Argumentó que esas normas tendrían como presunto fin «justificar los atropellos de su régimen (de Chávez) contra el Estado de Derecho, la libertad y la justicia, la propiedad privada, los principios éticos y la dignidad de los venezolanos».

El Bloque de Prensa denunció que los «medios independientes» deben enfrentarse «a la negación al acceso a la información pública, guerra económica, amenazas, atropellos, imputaciones y cárcel contra directivos y periodistas». También denunció «sofisticados sistemas» oficiales «dedicados a la contra-información», que buscarían «confundir a la mayoritaria disidencia popular».

«La vocación totalitaria y dictatorial que caracterizan al régimen comunista del teniente coronel Chávez, tantas veces denunciado por el Bloque de Prensa Venezolano, es incompatible con toda idea de ejercicio democrático», añadió en su comunicado. Chávez acusa a los grande medios privados venezolanos de actuar como «partidos de oposición» y de mantener una presunta «campaña permanente» en contra de su «revolución» bolivariana y socialista.

Los operadores de los sistemas privados de televisión dijeron que suspendieron «temporalmente» la señal de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI) «hasta tanto» la cadena cumpla con las leyes vigentes para el sector en Venezuela. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) clasificó a RCTVI y otras cinco cadenas de México, Chile y Perú como «productoras nacionales», es decir, sujetas a la ley vigente para el sector que incluye, entre otras, la obligación de transmitir las cadenas presidenciales.

Cuatro de esas cadenas ya fueron autorizadas a reiniciar emisiones porque presentaron ante la Conatel los documentos que las acreditan como productores internacionales, mientras que siguen suspendidas RCTVI y la peruana América TV, de acuerdo con la información oficial. El directivo de la cadena RCTVI, Marcel Granier, pidió el jueves pasado al Supremo venezolano anular la resolución gubernamental que clasificó a esa cadena como «productor nacional».

Granier aseguró que RCTVI es «internacional» y que así lo demostraría una serie de documentos solicitados y presentados ante la Conatel el pasado 13 de enero.RCTVI es la continuadora de RCTV, que se vio obligada a dejar de emitir en abierto en mayo de 2007 después de que el Gobierno de Chávez no le renovó el permiso de transmisión que otorga el Estado, con el argumento de que era una cadena «golpista».

Fuente: INFOLATAM


Mal humor

2 febrero 2010

Vuelve el gobierno a las andadas. Otra vez arremete contra TalCual, utilizando como pretexto, nuevamente, el editorial de los viernes, que, como es sabido, escribe Laureano Márquez. Laureano es un humorista y trata los temas desde una perspectiva de joda. Pero se nota que el gobierno lo que menos aguanta es el humor. Al presidente no le gusta que le mamen gallo.

¡Pero cómo le encanta burlarse, las más de las veces, de modo hiriente e insultante, de sus adversarios políticos, de sus ministros y, sobre todo, de quienes han roto políticamente con él! Si hasta se metió con los «caraquistas», haciéndolos blanco de sus chistes malos; dijo que son «como los escuálidos», lo cual en su boca constituye un agravio mayor.

Sin embargo, la acción que anuncia la minpopo para la Comunicación, apunta, realmente, contra TalCual y no sólo contra Laureano Márquez. Es a nuestro diario a quien quieren borrar del mapa. La vez pasada, la multa de 105 millones de bolívares pretendía quebrarnos económicamente. Lo habrían logrado de no ser por la generosa y masiva respuesta de miles de personas, que contribuyeron para levantar el monto de la multa.

Vamos a ver con que vienen ahora.

Desde luego, tampoco es solamente contra TalCual. Todos los medios y periodistas que no se arrodillan ante el gobierno están y son amenazados.

Fresco está el cierre de RCTV. Hace pocos días, además, se abrió una averiguación contra el periodista Miguel Ángel Rodríguez, a raíz de una declaración del presidente de Fedecamaras, en el programa que aquel dirige, en la cual éste habría dicho que «la solución es militar», refiriéndose, tal como lo evidencia el contexto de su frase, a «militar en partidos, gremios, sindicatos, etc». Pero la frase ha sido cortada de su contexto en un video que transmite el canal 8, para distorsionar completamente su significado, en un ejercicio cínico de tergiversación.

Del mismo modo, la titular del Minci encuentra en el texto de Laureano significados tan disparatados, que sólo pueden entenderse por la preocupación de la señorita Ekhout ante la posibilidad de que el Jefe le fuera a armar un zaperoco en su programa dominical. Prefirió curarse en salud.

Ahora bien, si a ver vamos, ¿qué puede tener de delictivo que Laureano se haya imaginado el país sin «Esteban» (desde que escribe en TalCual denomina así a Chacumbele)? ¿No se la pasa «Esteban» imaginando al país con él en Miraflores hasta el 2021 (y ahora hasta el 2031)? ¿Cuál es el problema de que por otro lado soñemos con el país sin él, después del 2012? ¿Cuál es el delito de imaginar a «Esteban» sembrando topochos en Sabaneta una vez que deje el poder? «Agresión, provocación e irrespeto a la democracia venezolana» considera Ekhout el texto de Laureano. Proyección llaman eso los psicólogos. Atribuye a otros lo que hace el gobierno.

Decía el general Soublette, presidente de la república en sus comienzos, que lo grave es que el gobierno se ría de los ciudadanos y no que estos lo hagan del gobierno. ¿Conocerá «Esteban» esta anécdota de uno de los próceres de la patria? Debería.

Artículo cedido para su publicación por Tal Cual (Venezuela)

Fuente: INFOLATAM


Venezuela: siguen movilizaciones en contra y a favor de la suspensión de RCTVI

27 enero 2010

Estudiantes venezolanos prosiguieron este lunes con las manifestaciones callejeras en contra y a favor de la salida del aire de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), que emitía por cable, mientras el Gobierno insiste en acusar a ese canal privado de negarse a acatar la ley vigente.

Grupos de estudiantes opuestos al presidente venezolano, Hugo Chávez, se manifestaron en al menos tres ciudades del país en protesta por la suspensión de la señal de RCTVI, crítica con el Gobierno, en medio de escaramuzas que dejaron unos cuatro jóvenes heridos por perdigones y piedras, según fuentes estudiantiles.

Por su parte, grupos de estudiantes oficialistas se reunieron ante la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para defender la salida del aire, a la medianoche del sábado, tanto de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI) como de otros cinco canales que emitían a través de sistemas de cable y satélite.

Los otros canales afectados por la suspensión temporal fueron American Network, América TV, Momentum, Ritmo Son y TV Chile. Esas cadenas privadas fueron excluidas «temporalmente» de la programación por las operadoras de cable por incumplir con la legislación local en materia audiovisual, dijo en un comunicado la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu). La medida ya fue calificada el domingo de «otro zarpazo a la libertad de expresión» por los partidos opositores venezolanos.

En Caracas, el momento más tenso de la jornada de este lunes se vivió al mediodía, cuando grupos de estudiantes opositores y oficialistas se toparon en una céntrica avenida de la zona comercial de Las Mercedes, cerca de la Conatel.

Tras un breve diálogo entre líderes estudiantiles de ambos bandos y jefes policiales de Caracas, la aglomeración debió ser dispersada con bombas lacrimógenas. En medio de las escaramuzas, se lanzaron algunas piedras y botellas que hirieron al menos a dos estudiantes, uno de cada bando, según pudo observar Efe en el lugar.

Los manifestantes opositores indicaron que «para evitar la violencia» desistían de marchar hasta la sede de Conatel para entregar un «documento», como habían anunciado, y se dirigieron a la sede del Ministerio de Obras Públicas, donde permanecían pasadas las 17.00 hora local (21.30 GMT) sin registro de ningún incidente.

A primera hora de esta mañana, la policía también dispersó con gases lacrimógenos a otro grupo de estudiantes de la privada Universidad Monteávila que bloqueó un sector de una autopista del norte caraqueño en apoyo a RCTVI.

Fuente: INFOLATAM


«El día que se celebra la libertad el verdugo cerró un medio»

25 enero 2010

La Mesa de la Unidad Democrática acordó convocar una «jornada nacional de protesta» el miércoles al mediodía, mientras que mañana martes en Caracas llamaron a una manifestación frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en Las Mercedes, para expresar el repudio a la decisión gubernamental de sacar de nuevo del aire a RCTV, esta vez, de la señal internacional por suscripción. También realizarán actos cívicos en las principales capitales del interior del país.

Los detalles de estas actividades serán dados a conocer hoy. Ayer mismo se llamó a un cacerolazo nocturno y una vigilia frente a la sede de Conatel.

Los jefes de los partidos políticos integrados en la alianza sostuvieron una reunión de emergencia y ayer al mediodía fijaron posición, denunciando la arremetida del gobierno de Hugo Chávez contra las libertades de expresión e información, así como manifestaron la voluntad de mantenerse activos en las calles.

En rueda de prensa, José Antonio España, coordinador nacional del MAS y el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma (ABP), fueron los portavoces, acompañados por los dirigentes partidistas y representantes del movimiento estudiantil.

España felicitó al pueblo caraqueño, que se movilizó el sábado por varios kilómetros para nutrir la concentración en Petare. Afirmó que el éxito de la convocatoria molestó al Gobierno y su respuesta fue «silenciar a RCTV, silenciar al pueblo» y con la suspensión de la señal «ocultar su estruendoso fracaso». «¡Ya está bueno de tantos atropellos!», recalcó España, quien enumeró las múltiples carencias y problemas que enfrentan los venezolanos, y criticó que mientras existe «un gobierno inmensamente rico hay un pueblo inmensamente pobre, que se está comiendo un cable».

El pueblo está ganando el juego

Antonio Ledezma, en su turno, dijo interpretar al pueblo venezolano en su condena al «despropósito del Gobierno de llevar adelante una hegemonía comunicacional» y alertó que «vivir sin libertad es estar muerto en vida».

Afirmó que «el pueblo está ganando el juego» y recogió la simbología del beisbol que en los últimos días ha servido para unificar la crítica contra el mandatario nacional: «El pueblo le metió al Presidente tres strikes».

Criticó que mientras la manifestación de la oposición del sábado fue espontánea, la del Gobierno convocada por Hugo Chávez y el PSUV, requirió de decenas de autobuses pagados, lo que implica «otro zarpazo al erario nacional».

Destacó el alcalde que mientras el 23 de enero se celebra la caída de la dictadura y con ella el nacimiento de la libertad de expresión en Venezuela, el sábado, «minutos después (de terminar la marcha de la oposición) se ordena al verdugo cerrar un medio de comunicación que ha sido objeto de la cacería del régimen. No conforme con arrebatarle los equipos (a RCTV), deja sin trabajo a decenas de familias», lamentó Ledezma.

«Basta ya de que el Gobierno siga conculcando los más elementales derechos», dijo y alertó que el Gobierno pretende que «atacando al pueblo» éste va a dejar de reclamarle.

Insistió en que «no es hora de rendirse» y que estamos próximos a las elecciones parlamentarias. «El Gobierno tiene en sus manos una factura que Venezuela unida le va a aplicar el 26 de septiembre». Ratificó el compromiso de la alianza unitaria de constituir una Asamblea Nacional que esté al servicio del pueblo, «sin diferencias, odios o rencores» y que garantice la libertad de expresión.

Instó Ledezma a los ciudadanos a no desfallecer en la lucha por las libertades. «Un pueblo no puede cansarse de defender su vida» y llamó a «demostrar que hay resistencia». «Hoy más que nunca el pueblo tiene el alma caliente», exclamó el mandatario metropolitano. Los jóvenes presentes, con sus palmas y gritos, dijeron no tener miedo.

Fuente: eluniversal.com


Argentina: oposición insiste en que no se aplique nueva ley de medios

22 octubre 2009

La Unión Cívica Radical (UCR), principal fuerza de la oposición en Argentina, presentó un recurso administrativo en el Senado para impugnar la promulgación de la nueva Ley de Medios Audiovisuales por presuntas irregularidades en su aprobación. La ley, tajantemente rechazada por empresas periodísticas, fue sancionada por el Senado en la madrugada del pasado 10 de octubre con errores corregidos en el Boletín Oficial.

El radicalismo, que también prevé llevar a cabo una acción similar ante el Ejecutivo, volvió a advertir así que la promulgación de la ley «no es válida» al haber sido corregida en la numeración de algunos de sus artículos para su entrada en vigor, sin que estas modificaciones hayan sido aprobadas por el Senado.

«La ley publicada es nula», aseguró el titular de la UCR, el senador Gerardo Morales, por lo que solicitó que la norma sea revocada «por ser manifiestamente ilegítima». Los errores habían sido advertidos por la oposición durante el debate en el Senado, donde el oficialismo peronista se opuso a corregirlos porque en ese caso la normativa debía volver a la Cámara de Diputados, que la había aprobado así el mes pasado. Fuentes parlamentarias indicaron que la Cámara de Diputados había enviado al Senado una «fe de erratas» que, sin embargo, no fue puesta a consideración de los senadores.

«Se ha modificado el texto de dos artículos. Deberían anularse la fe de erratas y el decreto de promulgación. Por lo tanto, la ley no es válida», sostuvo Morales. El jefe del Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, afirmó, por el contrario, que la «fe de erratas» es una «práctica habitual» en el Parlamento, que consiste en «hacer correcciones de la norma cuando se trata de un tema netamente de forma» que «no tiene que ver con el fondo de la cuestión».

«Tiene que resolverse en el marco del propio Senado», subrayó Fernández en declaraciones a radios de Buenos Aires. Con el jefe de los ministros coincidió el titular del bloque oficialista del Frente para la Victoria, el senador Miguel Pichetto, al afirmar que la corrección es «habitual y perfectamente legal».

Por lo pronto, los bloques que integran el Senado prevén discutir en el recinto sobre la validez de las correcciones, aunque se espera que el oficialismo haga pesar su mayoría para evitar que se frene la implementación de la norma, que será anunciada por la presidenta del país, Cristina Kirchner.

Fuente: INFOLATAM


Argentina: Después de la Ley de Medios

21 octubre 2009

Artículo de Julio Burdman

La aprobación de la ley de medios fue una importante victoria política del kirchnerismo, por el amplio margen en Diputados y el Senado. El oficialismo formó mayoría negociando con sus propios legisladores, y estableciendo una alianza ideológica con los bloques menores de izquierda. Contrariamente, a la oposición le faltó coordinación, argumentos y, sobre todo, trabajo. En los meses que vienen, es probable que veamos que la escena se repite, ya que la agenda legislativa del oficialismo incluye proyectos importantes que contarían con el apoyo de otros bloques: Presupuesto, reforma electoral, regulación de medicamentos, educación universitaria, y temas impositivos y energéticos.

La victoria deja una sensación de asimetría entre la capacidad del gobierno de conseguir sus metas legislativas, y las dificultades que enfrenta la oposición. Meses atrás, las palabras de moda eran «diálogo» y «consenso». Los analistas especulaban, en sintonía con ello, que la sociedad buscaría un liderazgo diferente, más consensual y blando, para compensar el duro decisionismo kirchnerista. Cobos y Reutemann eran vistos como candidatos de este paradigma.

Pero tras la victoria kirchnerista en la ley de medios, y habida cuenta de la agenda legislativa que viene, cabe preguntarse si esta hipótesis del futuro líder blando e institucionalista seguirá vigente. Si Kirchner continúa mostrándose dominante, es probable que los votantes opositores busquen otro líder duro para enfrentarlo. Esa es una de las razones que explican la declaración de Eduardo Duhalde de sus intenciones de ser presidente.

La aplicación de la ley llevará un tiempo y habrá batalla judicial. Clarín y otros grupos tienen un argumento fuerte: si la ley se aplica al contrato vigente, pueden pedir compensaciones. El nuevo congreso que asume en diciembre no anulará los contenidos antitrust de la ley. Puede atacar otros aspectos, pero los opositores a la ley tampoco tendrán mayoría.

Fuente: INFOLATAM